La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha decidido implicarse para aportar luz y frenar la actual situación de deriva que padece La Seda de Barcelona, la mayor empresa química española, que lleva seis meses sin cotizar en Bolsa, en pérdidas y con decenas de denuncias en la Fiscalía y los juzgados por presuntas irregularidades cometidas por sus gestores. Según ha podido saber este diario, el órgano regulador del mercado bursátil español ha dado respuesta a las denuncias aportadas por la Asociación de accionistas minoritarios Unidos por la Seda, que pedía a la CNMV que investigue si tanto el equipo directivo del actual presidente, José Luis Morlanes, como del anterior, el dimitido Rafael Español, tienen responsabilidad en la situación de estancamiento financiero que vive la compañía.
En una carta fechada el pasado 3 de diciembre, a la que ha tenido acceso este diario, el director del servicio Contencioso y del Régimen Sancionador de la CNMV, Alfonso Cárcamo, responde a la citada asociación que “este Departamento ha determinado que concurren, en el conjunto de los escritos por ustedes remitidos, los requisitos formales para su calificación como denuncia”.
Esta resolución del regulador admite a trámite las denuncias presentadas por la asociación, que representa el 2% del capital social de la compañía y está integrada por más de 400 accionistas. Además, acumula todas en un solo procedimiento. En su escrito, el regulador sostiene que tras el período de investigación se realizará un análisis de los hechos puestos de manifiesto para, que, “en su caso, se lleven a cabo las actuaciones de investigación oportunas”.
En el caso de que el regulador concluya que existieron responsabilidades por parte de los anteriores gestores dirigidos por Rafael Español y de José Luis Morlanes, la CNMV tiene potestad para destituir al Consejo.
La Seda de Barcelona cumple seis meses sin cotizar en Bolsa después de que el pasado 5 de junio la CNMV suspendiera la negociación de sus títulos por concurrir “circunstancias” que podían perturbar el normal desarrollo del valor, porque parte de los accionistas no firmaron inicialmente las cuentas de 2008. La química ha vivido desde entonces un intenso semestre marcado por relevos en la cúpula, propuesta de plan de viabilidad con recortes, protestas de accionistas minoritarios y de trabajadores y demandas judiciales.
Un cúmulo de irregularidades
Las denuncias que acaba de admitir a investigación la CNMV, y sobre las que en las próximas semanas emitirá una resolución, hacen referencia a un cúmulo de supuestas irregularidades cometidas por Rafael Español. Los accionistas minoritarios piden a la CNMV que se inhabilite a éste por haber consentido esas prácticas irregulares. También exigen a la comisión que destituya al actual presidente de la compañía José Luis Morlanes. En la denuncia, Unidos por La Seda le acusa de haber facturado 231.000 euros a la compañía de forma indebida.
El directivo, según la denuncia, cobró a la compañía por las gestiones para lograr una recalificación que, en realidad, sólo beneficiaba a Imatosgil, una de las mayores accionistas de La Seda. Los minoritarios atribuyen a la portuguesa la manipulación maliciosa de la autocartera con el propósito de perjudicar a la masa social de la empresa. Además, insisten en la controvertida cuestión de un préstamo concedido a la compañía Jatroil de más de 17 millones de euros, que está considerado irrecuperable. Por si fuera poco, los accionistas minoritarios piden que se inhabilite al auditor, Horwath Auditores; a la agencia de valores que intervino en la compra de acciones propias de la compañía a Imatosgil; y al banco portugués Caixa Geral por abuso de posición dominante.
La Seda celebrará los días 16 y 17 de diciembre una junta de accionistas extraordinaria, en la que la dirección espera sacar adelante una ampliación de capital por importe de 300 millones de euros que necesita la compañía para proseguir sus planes de futuro. Los accionistas minoritarios no aceptan acudir a una nueva ampliación de capital y desconfían de que Morlanes y su equipo consigan reflotar La Seda, que ha declarado pérdidas de 382 millones hasta septiembre. Los bancos han rechazado, hasta el momento, los planes de refinanciación. Los accionistas minoritarios temen también que los socios mayoritarios aprovechen para reducir su patrimonio con el objeto de tomar el control, desmantelarla y venderla. En concreto, sospechan que se prepara una rebaja del precio de sus acciones de 1 euro a sólo 0,10 euros, con lo que su precio pasaría de 626 millones a sólo 62,6 millones.
Denuncia ante la Fiscalía
La junta de accionistas aprobó el pasado julio la destitución de Rafael Español como presidente. Actualmente, la unidad de delitos económicos de la Fiscalía de Barcelona estudia acumular esa acción de responsabilidad a una querella que se instruye en un juzgado de Barcelona por delito fiscal, ya que el ex presidente de La Seda también está acusado de fraude a Hacienda.
A todas estas denuncias, emitidas a título personal por parte de accionistas minoritarios, se suma la que depositó la asociación Unidos por La Seda ante la Fiscalía Anticorrupción de Barcelona el pasado viernes. Los minoritarios confían en que Fiscalía actúe rápido contra la gestión de Español y otros consejeros sobre una decena de operaciones presuntamente fraudulentas.
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